Press Release
Francia: Urge una Ley de Devolución Responsable de Activos
LA CIJ RECHAZA EL RECURSO PARA IMPEDIR CONFISCAR UNA MANSIÓN "MAL-ADQUIRIDA"
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(París, 17 de diciembre de 2020) – La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el pueblo de Guinea Ecuatorial recupere los recursos apropiados indebidamente, afirmaron las organizaciones Transparencia Internacional Francia, Human Rights Watch y EG Justice. La CIJ sostuvo que la incautación por Francia de una mansión del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, como parte de un caso de blanqueo de dinero, no violó los privilegios diplomáticos, ya que el edificio en cuestión no formaba parte de las instalaciones de la misión diplomática de Guinea Ecuatorial.

La usurpación masiva de recursos estatales por parte de la familia presidencial de Guinea Ecuatorial ha contribuido a que el país tenga algunos de los indicadores de salud y educación más bajos a pesar de la enorme riqueza petrolera. Francia necesita aprobar urgentemente una ley para garantizar que los ingresos procedentes de la venta de la mansión, valorados en unos 110 millones de euros (aproximadamente 130 millones de dólares), y otros bienes confiscados en el caso, se devuelvan de forma responsable para que los ecuatoguineanos se beneficien de esos recursos.

"Dependiendo de la decisión del Tribunal de Casación, Francia podría estar a punto de recuperar alrededor de 150 millones de euros en activos robados, poniendo a sus tribunales a la vanguardia mundial de la lucha contra la corrupción", dijo Sara Brimbeuf, responsable de recuperación de activos de Transparencia Internacional Francia ("TI-Francia"). "A menos que Francia apruebe una ley que evite que este dinero se revierta al tesoro francés, este hito sería desbaratado".

La mansión privada de 101 habitaciones, en el número 42 de la avenida Foch en París, es, con mucho, el activo más valioso en el centro de un caso de "bienes mal adquiridos" contra “Teodorin” Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente, iniciado en 2008 por varias organizaciones no gubernamentales francesas, entre ellas TI-Francia. El valor de los demás bienes confiscados asciende en total a 40 millones de euros.

Nguema utilizó la mansión como residencia privada. Esta fue confiscada en 2017 cuando un tribunal de primera instancia condenó a Nguema por comprarla con fondos procedentes de la malversación y lavado de fondos públicos.  En 2021. el Tribunal de Casación decidirá en apelación sobre posibles cuestiones legales. Guinea Ecuatorial había tratado de hacer descarrilar el caso pidiendo a la CIJ que declarara la mansión como un edificio diplomático, la cual gozaría así de inmunidad diplomática en virtud del derecho internacional.  En la sentencia del 11 de diciembre, la CIJ rechazó las alegaciones de Guinea Ecuatorial.

Si ahora el Tribunal de Casación confirma la condena de los tribunales inferiores, las autoridades francesas controlarán unos 150 millones de euros de los bienes confiscados de Nguema. Esto confirma la urgencia de que Francia adopte una ley que garantice que se devuelva de manera responsable los activos confiscados como parte de los casos de corrupción, dijeron hoy las organizaciones.

En la actualidad, la legislación francesa no permite la repatriación de fondos en casos de "bienes mal adquiridos". A menos que se apruebe una nueva ley, estos capitales revertirán en el presupuesto general del Estado francés en lugar de regresar al país de donde fueron robados. En mayo de 2019, el Senado francés dio un primer paso hacia la adopción de una legislación que subsanaría esta laguna. El gobierno francés no ha tomado más medidas para avanzar en el proyecto de ley a pesar de comprometerse hace 18 meses a hacerlo "sin demora".

"La cuenta atrás está en marcha para que el gobierno francés cree un mecanismo transparente, responsable e independiente para devolver los activos robados, por el bien de este caso, así como otros casos de corrupción que se están abriendo paso actualmente en los tribunales franceses", dijo Sarah Saadoun, investigadora de la división de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch.

La devolución de los bienes robados es un requisito de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que Francia ratificó en 2003.  En 2017, el Foro Mundial para la Recuperación de Activos, una iniciativa intergubernamental organizada por el Banco Mundial, acordó un conjunto de principios para garantizar el retorno transparente y responsable de los activos recuperados,  incluyendo una disposición que indica que "los activos robados recuperados de funcionarios corruptos deberían beneficiar a la población de las naciones perjudicadas por la conducta corrupta subyacente".

Recientemente, organizaciones de la sociedad civil desarrollaron su propio conjunto de principios  para el retorno responsable de los activos basándose en la observación de casos en todo el mundo. Estos principios exigen transparencia, rendición de cuentas y participación pública en cada etapa del desembolso de fondos para mitigar el riesgo de que vuelvan a ser saqueados.

El caso de Guinea Ecuatorial es el ejemplo más claro de por qué es tan importante que Francia adopte una ley en consonancia con estos principios, dijeron las organizaciones. La gran mayoría de ecuatoguineanos apenas se han beneficiado de la enorme riqueza petrolera de su país, incluso cuando su presidente y su familia hacen alarde de lujos extravagantes de forma descarada. Al mismo tiempo, el partido gobernante ha tratado de deslegitimar las investigaciones de corrupción contra Nguema en Francia y en otros lugares tildándolas de un ataque neocolonialista a su  soberanía.

La adopción de un mecanismo transparente, responsable e independiente para devolver los activos robados en beneficio de los ecuatoguineanos es fundamental para la credibilidad de los casos de corrupción a la hora de hacer justicia.

"Durante décadas, los ecuatoguineanos han observado con impotencia como una única familia utiliza el tesoro público como su cajero automático privado, despojándoles de su propia riqueza", dijo Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, una organización que promueve los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial. "Francia tiene ahora la oportunidad de hacer justicia, y el pueblo de Guinea Ecuatorial espera que no la desperdicie".

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:

En París, para TI-France, Sara Brimbeuf (francés, inglés): +33-6-10-28-83-02; o sara.brimbeuf@transparency-france.org. Twitter: @SaraBrmbf

En Chapel Hill, para EG Justice, Tutu Alicante (Inglés, Español): +1-615-479-0207 (móvil); o tutu@egjustice.org. Twitter: TutuAlicante

En Nueva York, para Human Rights Watch, Sarah Saadoun (inglés, francés): +1-212-377-9435; o saadous@hrw.org. Twitter:  @sarah_saadoun